Tras diez años de tramitación y una maratónica jornada en Valparaíso, la Cámara Alta despachó por 34 votos a favor el proyecto que separa la ANFP de la Federación de Fútbol de Chile, prohíbe la multipropiedad y veta a los representantes como dueños de clubes. La iniciativa pasa ahora a tercer trámite en la Cámara de Diputados.
TALTAL — miércoles, 4 de marzo de 2026. El miércoles 4 de marzo de 2026 quedará en los registros del fútbol chileno como una fecha bisagra. A las 20:44 horas, el senador Ricardo Lagos Weber —quien asumió la presidencia accidental del Senado tras la salida momentánea de Manuel José Ossandón— cerró la votación del último artículo de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP). Diez años después de su presentación, la iniciativa impulsada por el senador Matías Walker obtuvo 34 votos a favor y dos abstenciones —los senadores Javier Macaya y Gustavo Sanhueza, ambos de la UDI— y quedó lista para su tercer y último trámite constitucional en la Cámara de Diputados.
El proyecto que el propio Walker presentó en 2016 —cuando pocos imaginaban que llegaría tan lejos— promete reconfigurar el mapa de poder del balompié profesional chileno de una manera que la ley original de 2005 nunca logró: acabar con la opacidad en la propiedad de los clubes, separar institucionalmente la liga profesional de la selección nacional y sacar de la ecuación a los representantes de jugadores que operaban simultáneamente como dueños de equipos.
La jornada, sin embargo, estuvo lejos de ser un trámite. Comenzó con media hora de retraso, se vio interrumpida por una disputa procedimental en torno a otro proyecto de ley —el que regula el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad— y obligó a la sala a suspenderse durante 45 minutos para una reunión de comité sin acuerdo.
Walker, que llegó al hemiciclo con la certeza de que algunos sectores buscaban dilatar la votación hasta el cambio de legislatura, lo dijo sin rodeos: «Algunos dirigentes quieren que se postergue la discusión para la próxima legislatura del proyecto, luego de 10 años de tramitación en el Congreso».
No lo lograron.
El nudo que se deshace: ANFP y Federación, dos instituciones en una
Para entender la magnitud de lo que votó el Senado, es necesario comprender el problema estructural que la reforma busca corregir. Desde 2005, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y la Federación de Fútbol de Chile han funcionado como una entidad híbrida bajo la presidencia de una misma persona —hoy Pablo Milad—, que administra simultáneamente la liga de clubes y los intereses de la selección nacional. El resultado ha sido un permanente conflicto de interés: el dinero que genera la Roja ha servido históricamente para subsidiar a los propios clubes que componen la ANFP, en lugar de destinarse al desarrollo del fútbol formativo y amateur.
Las cifras ilustran el tamaño de la torta en disputa. En 2024, la ANFP distribuyó más de $81.620 millones en derechos televisivos entre los clubes del fútbol profesional. La distribución actual favorece a los tres grandes: Colo-Colo recibe el 9,5% de los ingresos, la Universidad de Chile el 8,6% y la Universidad Católica el 6,9%. El resto se divide entre los demás equipos de Primera División y Primera B. Por su parte, los ingresos de la selección chilena ese mismo año superaron los $32.000 millones, provenientes de publicidad, licencias y contratos varios. Con la separación que establece la nueva ley, ese dinero deberá quedar en la Federación y no podrá mezclarse con la caja de los clubes.
La presidenta de la Comisión de Constitución, senadora Paulina Núñez (RN), fue quien presentó ante la sala el trabajo de dos años de tramitación en comisión —«semana a semana, con todos los asesores», como recordó Walker— y valoró el respaldo transversal que recibió la iniciativa. El senador Javier Macaya (UDI), a cargo de exponer el trabajo de la Comisión de Hacienda, detalló los mecanismos de control, el régimen sancionatorio y las disposiciones sobre multipropiedad y conflictos de interés. El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, estuvo presente en el hemiciclo durante toda la votación y fue el principal interlocutor del Ejecutivo con la sala.
Lo que aprobó el Senado: tres ejes centrales
El núcleo de la reforma, aprobado por el bloque de 34 votos, se articula en tres pilares.
El primero es la separación formal entre la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile. La Asociación pasará a constituirse como una liga profesional independiente, sujeta a las mismas normas que cualquier sociedad anónima abierta fiscalizada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La Federación, por su parte, quedará como el organismo rector del fútbol chileno en su conjunto —selecciones, fútbol amateur y desarrollo— con presupuesto propio y sin posibilidad de que sus recursos se trasladen a la operación de la liga.
El segundo pilar es la prohibición de la multipropiedad. Ninguna persona natural o jurídica podrá controlar, directa o indirectamente, más de un club del fútbol profesional chileno. Esta norma apunta directamente a casos que el propio senador Walker ha documentado durante la tramitación: el de César Villegas, dueño de San Luis de Quillota con vínculos con Deportes Limache; el de los hermanos Ricardo y Sebastián Pini, propietarios de Unión La Calera con historial de conexiones con otros equipos; y el del agente argentino Cristian Bragarnik, dueño de O’Higgins de Rancagua, que adquirió el club precisamente cuando la ley comenzaba a avanzar con fuerza en el Congreso.
El tercer pilar es la incompatibilidad entre la representación de jugadores y la propiedad o administración de clubes. Los agentes de futbolistas quedarán inhabilitados para participar en el gobierno de las instituciones deportivas. Esta disposición afecta directamente a figuras como Fernando Felicevich, quien a través de su empresa Soccer Invest controla Deportes La Serena, y cuya condición de dueño fue reconocida públicamente durante el verano en una entrevista a Radio ADN. Con la nueva ley y el registro obligatorio de beneficiarios finales ante la CMF, este tipo de estructuras de propiedad opaca deberán transparentarse o deshacerse.
Junto a estos tres ejes, la reforma crea mecanismos para que los hinchas tengan incidencia formal en las decisiones de sus clubes y entrega a la CMF atribuciones ampliadas de fiscalización sobre las sociedades anónimas deportivas.
Lo que no pasó: las normas rechazadas
No todo el articulado fue aprobado. En las 13 votaciones adicionales que abrió el pedido de revisión de indicaciones por parte de las senadoras Luz Ebensperger y Paulina Núñez y el senador Rojo Edwards, la sala rechazó varias normas por mayoría simple. Entre las que no prosperaron figuran la responsabilidad solidaria de la liga en caso de que un club no pague cotizaciones previsionales, la facultad de la CMF para suspender juntas de accionistas, regulaciones específicas sobre la transacción de acciones, y la posibilidad de que universidades participen en la nueva liga profesional como instituciones.
La eliminación de la responsabilidad solidaria fue leída por algunos analistas como una concesión relevante a los clubes, dado que es uno de los mecanismos que podría haber obligado a la asociación a asumir las deudas de sus miembros. La ANFP arrastra actualmente una deuda histórica de $34.000 millones con Warner Bros. Discovery/TNT Sports por partidos no disputados durante el estallido social de 2019 y la pandemia de COVID-19. Para cubrir ese pasivo, los clubes aprobaron un plan de descuentos mensuales sobre sus ingresos televisivos que se extenderá por ocho años a partir de enero de 2026: Colo-Colo perderá $35 millones al mes, la Universidad de Chile $32 millones y la Universidad Católica $28 millones.
La ofensiva de último minuto y la carta FIFA
La derrota de la ANFP en el Senado no fue por falta de intentos. En las horas previas a la votación, el directorio encabezado por Pablo Milad y su secretario general Jorge Jung desplegó una campaña comunicacional de última hora, con cartas públicas suscritas por clubes como Coquimbo Unido, Universidad Católica y Palestino, y con la activación de una advertencia de FIFA y Conmebol sobre el riesgo de desafiliación por «injerencia estatal».
La respuesta del senador Walker y del ministro Pizarro fue directa: regular a las sociedades anónimas que operan en Chile y exigirles transparencia financiera no constituye injerencia en el sentido que interpreta la FIFA. Países como España e Inglaterra tienen ligas separadas de sus federaciones y nunca han sido sancionados por ello. Lo que la nueva ley hace, argumentaron, es aplicar el derecho societario chileno a entidades que hasta ahora operaban con una opacidad que no se tolera en ningún otro sector de la economía.
El argumento de que los clubes «no fueron escuchados» durante la tramitación también fue rebatido con datos. La ANFP participó como institución en las comisiones, y Pablo Milad fue invitado en reiteradas ocasiones a las sesiones, excusándose en la mayoría de ellas. «Fuimos escuchados como institución», reconoció en privado más de un dirigente. El problema, según los impulsores del proyecto, no fue la falta de audiencia sino el error de cálculo estratégico de la directiva, que apostó hasta el final a que el proyecto no llegaría a votarse.
Las dudas que quedan: fiscalización, retroactividad y la elección del nuevo presidente de la Federación
La aprobación en el Senado no clausura el debate, sino que lo traslada a un terreno más concreto y más difícil: la implementación. Los analistas y los propios comentaristas deportivos que siguieron la jornada en tiempo real coincidieron en señalar varias zonas grises que la ley deberá resolver en su reglamentación.
La primera es la retroactividad. La ley no puede aplicarse con efecto retroactivo a operaciones ya realizadas. Esto significa que compras de clubes efectuadas antes de su promulgación —como la adquisición de O’Higgins por el Grupo Caliente, acelerada precisamente cuando el proyecto comenzaba a avanzar— no podrían revertirse. Lo mismo ocurre con los contratos de derechos televisivos ya firmados antes de la separación formal entre ANFP y Federación.
La segunda es la efectividad de la fiscalización. La CMF tendrá nuevas atribuciones, pero la historia del fútbol chileno registra antecedentes de auditorías que concluyeron sin consecuencias. La credibilidad del nuevo sistema dependerá en gran medida de la voluntad política de aplicar las sanciones que la ley establece.
La tercera, y quizás la más compleja, es el proceso de elección del futuro presidente de la Federación de Fútbol de Chile separada de la ANFP. Hoy, los clubes profesionales son quienes eligen al presidente de la institución madre. Con la separación, deberá definirse quién vota, con qué requisitos y bajo qué mecanismos de control, para evitar que los mismos grupos de interés que hoy dominan la ANFP terminen también controlando la nueva Federación a través de los clubes de la Asociación de Fútbol Amateur (ANFA).
El próximo paso: la Cámara de Diputados desde el 16 de marzo
El proyecto fue despachado formalmente a tercer trámite constitucional. La Cámara de Diputadas y Diputados deberá pronunciarse sobre las modificaciones introducidas por el Senado. Si las ratifica en su totalidad, el texto irá directamente a la firma del Presidente de la República y a su publicación en el Diario Oficial. Si introduce cambios, deberá conformarse una comisión mixta para resolver las diferencias.
El trabajo legislativo en la Cámara no comenzará antes del 16 de marzo, dado que la semana siguiente estará dedicada a la asunción y juramento de los nuevos parlamentarios elegidos en noviembre. El ministro Pizarro confirmó que dará una conferencia de prensa para explicar en detalle los alcances del proyecto una vez concluida la votación en el Senado.
Veinte años después de que las sociedades anónimas deportivas llegaran al fútbol chileno prometiendo profesionalización y transparencia, el Congreso intenta corregir lo que esa primera reforma no pudo o no quiso resolver. La pregunta que queda abierta —y que solo la implementación podrá responder— es si esta vez la letra chica estará a la altura de la promesa.