La Fiscalía Regional de Antofagasta ingresó la acusación y solicitó presidio efectivo para siete imputados de la causa madre del Caso Convenios. Para Catalina Pérez, Daniel Andrade, Carlos Contreras y Paz Fuica pidió 10 años y un día por fraude al Fisco; en otras aristas (Fibra, TomArte y Fusupo) pidió penas adicionales que elevan la exposición penal de algunos a más de 30 años, además de multas e inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos.
ANTOFAGASTA — miércoles 20 de agosto de 2025. El Ministerio Público presentó ante tribunales la acusación de 232 páginas por la arista Democracia Viva y causas asociadas (Fibra, TomArte y Fusupo), con la que cerró la investigación y abrió la etapa de preparación del juicio oral. La Fiscalía solicitó 10 años y 1 día para la desaforada diputada Catalina Pérez, su expareja Daniel Andrade, el exseremi Carlos Contreras y la exconcejal Paz Fuica por tres delitos consumados de fraude al Fisco. Para Contreras y Fuica, por su participación en otros convenios, el ente persecutor añadió requerimientos que alcanzan hasta 35 años de presidio, más multas y inhabilitación absoluta perpetua para funciones públicas y contratación con el Estado.
La acusación detalla que, durante 2022, la Seremi de Vivienda de Antofagasta suscribió tres convenios por $426 millones con la fundación Democracia Viva, dirigida entonces por Andrade. Según la tesis fiscal, Pérez habría facilitado y coordinado el ingreso de la fundación a los programas de Asentamientos Precarios, pese a que no contaba con experiencia técnica; Contreras habría modificado nóminas y gestionado antecedentes para adjudicar los tratos, y Fuica habría colaborado en las gestiones administrativas.
En causas paralelas, la Fiscalía acusa la suscripción y ejecución de convenios con otras fundaciones: Fibra (tres por $430 millones), TomArte (cuatro por $456 millones) y Fusupo (dos por $284 millones). En estas aristas, además de fraude al Fisco, se imputan delitos económicos como lavado de activos a parte de las representaciones legales, elevando las penas solicitadas. En conjunto, el Ministerio Público pidió, además, multas equivalentes a la mitad del perjuicio, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y derechos políticos y prohibición para trabajar o contratar con órganos del Estado y empresas vinculadas.
Durante la tarde, la Corte de Apelaciones de Antofagasta revocó la prisión domiciliaria total de Pérez y la sustituyó por arresto domiciliario nocturno (20:00 a 08:00), considerando que es una medida proporcional y alineada con las cautelares de otros coimputados. Paralelamente, en esta arista Giorgio Jackson, Miguel Crispi y Javiera Martínez quedaron solo en calidad de testigos.
El Juzgado de Garantía pidió a la Fiscalía precisar la imputación individual de algunos acusados en el escrito, trámite que deberá resolverse antes de la preparación de juicio. Todas las defensas insisten en la inocencia de sus representados y anuncian que la discutirán en juicio.
Nota editorial: Las personas mencionadas mantienen presunción de inocencia hasta sentencia firme.
Datos Clave/Contexto
- $1.596 millones: monto total de los convenios cuestionados (Democracia Viva, Fibra, TomArte y Fusupo).
- $426 millones: tres convenios con Democracia Viva (2022).
- Penas solicitadas: 10 años y 1 día por fraude al Fisco para Pérez, Andrade, Contreras y Fuica; hasta 35 años para Contreras y Fuica por aristas adicionales; multas e inhabilitación absoluta perpetua.
- Estado procesal: acusación ingresada; se fija etapa de preparación de juicio oral.
- Medidas cautelares: Pérez queda con arresto domiciliario nocturno.
- Cronología breve: Jun 2023 (inicio investigación) → Dic 2023 (formalizaciones iniciales) → Ago 2025 (cierre investigación y acusación; cautelar de Pérez se modifica a nocturna) → Próximas semanas (preparación de juicio oral).
¿Qué viene?
El tribunal deberá agendar la audiencia de preparación de juicio oral, resolver las aclaraciones solicitadas al escrito acusatorio y definir pruebas y testigos. Si el caso avanza, el juicio se desarrollará ante un Tribunal Oral en lo Penal, que determinará responsabilidades penales y eventuales penas efectivas y inhabilitaciones.