El tribunal de alzada de Antofagasta elevó a $196 millones la indemnización a la familia de Ignacia Martina González Rivera, niña de cinco años que falleció en 2020 por una negligencia médica en el Hospital 21 de Mayo de Taltal. La sentencia calificó el error como “extremadamente grave” y subrayó que la muerte era “totalmente evitable”.
TALTAL / ANTOFAGASTA — jueves, 4 de septiembre 2025.La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la responsabilidad del Servicio de Salud de Antofagasta en la atención deficiente que derivó en la muerte de Ignacia, ocurrida en mayo de 2020. Según el fallo unánime (rol 35-2025), el médico de turno diagnosticó erróneamente un cuadro neurológico y desestimó la obstrucción respiratoria que presentaba la menor, omisión que resultó fatal.
Antecedentes del caso
Ignacia ingresó al Hospital 21 de Mayo de Taltal con claros síntomas de asfixia. De acuerdo al fallo, permaneció por horas en el recinto sin recibir las medidas adecuadas, y fue sometida a procedimientos y medicamentos inconducentes. La Corte estableció que el cuadro fue mal diagnosticado y que el personal no adoptó las acciones mínimas necesarias para confirmar o descartar una obstrucción respiratoria.
El fallo de la Corte
La sentencia, integrada por los ministros Dinko Franulic, Jasna Pavlich y Eric Sepúlveda, calificó la negligencia como “extremadamente grave”, subrayando que la muerte era “totalmente evitable” si se hubieran aplicado protocolos básicos de confirmación diagnóstica.
El dictamen elevó las indemnizaciones previamente fijadas por el Tercer Juzgado Civil de Antofagasta:
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$6 millones a los padres por daño emergente.
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$65 millones a cada progenitor por daño moral.
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$30 millones para cada hermana de la menor.
En total, la reparación económica asciende a $196 millones.
Responsabilidad institucional
El tribunal reafirmó la existencia de falta de servicio en el Hospital de Taltal, al no otorgar una atención oportuna ni proporcional a la gravedad del cuadro. La resolución agrega que la deficiente respuesta agravó el sufrimiento de la niña y de su familia, prolongando su agonía y generando un daño emocional significativo.
El fallo de la Corte de Apelaciones marca un precedente en la región al elevar las compensaciones y recalcar la obligación del Servicio de Salud de garantizar diagnósticos certeros y acciones inmediatas frente a emergencias pediátricas. Para la familia de Ignacia, la resolución reconoce la magnitud de la pérdida y la responsabilidad del sistema público en una muerte que pudo evitarse.