El hallazgo de un refugio fortificado en el campamento “Mujeres Cabeza de Familia” destapó una red de secuestro, tortura y tráfico de drogas. La Fiscalía Regional de Antofagasta formalizó a seis ciudadanos extranjeros que operaban desde un búnker subterráneo construido en plena toma del sector norte.
ANTOFAGASTA — jueves, 23 de octubre de 2025. El caso salió a la luz luego de que un hombre colombiano, con quemaduras, golpes y la pérdida parcial de una oreja, ingresara a un centro asistencial relatando que había sido secuestrado y torturado durante varias horas por un grupo armado.
Su testimonio activó un operativo del OS7 y OS9 de Carabineros, que permitió allanar el campamento en el sector norte de la ciudad y descubrir construcciones de material sólido, tipo búnker, presuntamente utilizadas para guardar droga, armas y mantener cautivas a sus víctimas.
Según los antecedentes judiciales, la víctima fue retenida, amarrada, golpeada y sometida a descargas eléctricas y calor, en lo que los investigadores describen como un escenario de tortura. Aprovechando un descuido de sus captores, el hombre logró romper sus ataduras y escapar descalzo entre pasillos de lata y tierra, dando origen a la investigación.
“Esta indagatoria comienza con una víctima que llega a un servicio de salud con graves lesiones tras haber sido torturada por integrantes de esta asociación criminal. Eso demuestra el nivel de peligrosidad del grupo y las acciones que era capaz de realizar”, señaló el Fiscal Regional, Juan Castro Bekios.
Los imputados, que operaban desde el campamento como base de operaciones delictuales, fueron finalmente detenidos en una vivienda del sector Punta Itata, hasta donde se habían trasladado para evadir la búsqueda policial. En el allanamiento se incautaron drogas, celulares encriptados y planos del asentamiento donde se marcaban zonas de vigilancia y rutas de escape.
El Ministerio Público los formalizó por los delitos de asociación criminal y secuestro agravado, quedando todos en prisión preventiva por peligro para la seguridad pública. El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó un plazo de 90 días de investigación.
“Este grupo no solo traficaba drogas, también imponía su ley a sangre y fuego. Lo que encontramos demuestra un nivel de organización y brutalidad alarmante”, agregó el persecutor regional.
El operativo también reabrió el debate político sobre la expansión del crimen organizado en campamentos del norte del país. Parlamentarios como Sebastián Videla y José Miguel Castro solicitaron intervención estatal y desalojos focalizados en asentamientos donde se detecten estructuras delictivas.
El “búnker del horror” de Antofagasta se ha transformado en símbolo del avance del crimen organizado en zonas vulnerables. Mientras la investigación continúa, el caso deja una pregunta abierta: ¿cómo pudo una estructura de este nivel levantarse, operar y torturar impunemente en medio de un campamento urbano sin ser detectada?