La renovación de patentes de alcohol volvió a instalar una discusión estructural en el Concejo Municipal de Taltal: el estricto cumplimiento de la normativa vigente contrasta con una percepción ciudadana persistente de escasa fiscalización, obligando a separar con claridad el acto administrativo de aprobar del deber permanente de controlar.
TALTAL, martes, 09 de diciembre de 2025. La Sesión Ordinaria N°36 del Concejo Municipal de Taltal abordó uno de los puntos más sensibles para la convivencia comunal y el orden urbano: la eventual renovación de patentes de alcohol para el primer semestre de 2026. Lo que en apariencia es un trámite técnico, dejó al descubierto una tensión de fondo entre legalidad, fiscalización efectiva y las expectativas de una ciudadanía que exige mayor control sobre actividades que impactan directamente en la seguridad y la vida cotidiana.
Patentes de alcohol: cuando la norma es clara, pero la percepción es crítica
Durante la exposición de la Unidad de Patentes se informó que 63 patentes de alcohol cumplían con la documentación exigida por la normativa vigente, habilitando su renovación entre enero y junio de 2026. Sin embargo, se precisó que tres solicitudes no lograron avanzar por incumplimientos concretos: falta de pago del segundo semestre, inconsistencias en la dirección declarada y ausencia de contrato de arriendo vigente.
Asimismo, se señaló que dos patentes mantienen multas aplicadas, conforme a antecedentes remitidos por el Juzgado de Policía Local, situación que no impide la renovación, pero que queda registrada dentro del proceso administrativo.
El punto técnico fue claro y reiterado durante la sesión: el Concejo no evalúa simpatías, trayectorias comerciales ni criterios discrecionales, sino el cumplimiento estricto de requisitos legales. En ese marco, se explicó que las patentes asociadas a botillerías ya se encuentran en su límite legal de cupos, impidiendo nuevas autorizaciones, mientras que algunas vinculadas a restaurantes mantienen margen normativo, dadas sus características de funcionamiento y clasificación.
Aprobar no es fiscalizar: el límite que incomoda
El debate evidenció una distinción que suele generar confusión tanto dentro como fuera del Concejo: aprobar una patente no equivale a fiscalizar su funcionamiento. Varios concejales plantearon inquietudes respecto a la oportunidad con que recibieron la información, la necesidad de contar con antecedentes físicos y el rol que cumple el municipio una vez otorgada la autorización.
Desde la administración se recordó que la ley establece plazos claros, notificaciones formales y mecanismos de regularización, y que una vez subsanadas las observaciones, el proceso administrativo debe continuar. La votación, finalmente, aprobó la renovación por unanimidad, dejando constancia de una abstención puntual, cerrando un trámite que, aunque reglado, no está exento de impacto social.
La demanda ciudadana: más control, menos tolerancia
Más allá del acuerdo formal, la sesión volvió a poner sobre la mesa una preocupación transversal expresada por la comunidad: la percepción de que existen locales que operan sin patente, sin inicio de actividades o con incumplimientos reiterados, especialmente en materias de ruidos molestos, seguridad, instalaciones eléctricas y salidas de emergencia.
En ese contexto, surgió una crítica recurrente: la ciudadanía no distingue entre el acto de aprobar y el deber de fiscalizar. Para el vecino, el municipio es una sola entidad, y la ausencia de controles visibles erosiona la confianza en los procesos, aun cuando estos se ajusten estrictamente a la ley.
Orden administrativo y legitimidad pública
El Concejo Municipal N°36 dejó una señal inequívoca: el orden administrativo avanza cuando se cumple la norma, pero la legitimidad pública se consolida solo cuando ese cumplimiento va acompañado de fiscalización efectiva, comunicación clara y presencia institucional en el territorio.
Mientras la legalidad no admite interpretaciones, la gobernanza local sí exige algo más que votaciones formales: exige coherencia entre lo que se autoriza, lo que se controla y lo que la ciudadanía observa en su entorno diario.
En ese equilibrio —entre norma, control y confianza— se juega hoy buena parte del desafío municipal en Taltal.