La sesión del Concejo Municipal de Taltal Nº 29 del martes 14 de octubre, dejó al descubierto una práctica institucional preocupante: la ausencia de control político sobre decisiones que involucran bienes públicos. Una conversación breve, casi anecdótica, terminó revelando un síntoma mayor: la fragilidad de la fiscalización comunal.
TALTAL, miércoles, 15 d octubre de 2025. Durante la última sesión ordinaria del Concejo Municipal de Taltal, mientras se discutían temas administrativos habituales —subvenciones, modificaciones presupuestarias, talleres deportivos y estado de licitaciones—, una frase aparentemente trivial marcó un punto de inflexión en la confianza pública.
Ante la consulta del concejal Cristian Ramírez sobre los trabajos en la vivienda municipal ubicada la Población Eduardo Vigil, el alcalde respondió sin titubeos:
“Va a vivir ella.”
La referencia aludía a la administradora municipal, y aunque el tono fue coloquial, la afirmación nunca fue rectificada ni aclarada. Tampoco generó cuestionamientos entre los miembros del concejo. Ningún concejal pidió antecedentes sobre la legalidad de la medida, ni se solicitó documento de respaldo.
El tema fue despachado con la misma ligereza con que se aprueban, sin debate, las modificaciones presupuestarias.
🏠 Un bien público no es un bien personal
La vivienda ubicada en la Población Eduardo Vigil, según se explicó en la sesión, pertenece al municipio y está siendo reparada con fondos públicos luego de años de abandono. Que un inmueble municipal sea destinado como residencia particular de una funcionaria —más aún, una de las con mayor remuneración de la administración— plantea un conflicto ético y administrativo evidente.
El artículo 65 letra f) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (N° 18.695) establece que toda destinación de bienes municipales requiere acuerdo formal del concejo y debe tener un uso de interés público. Nada de eso se verificó en la sesión.
De hecho, el propio alcalde reconoció que el inmueble no es del Departamento de Educación (DAEM), sino directamente del municipio.
Por tanto, si los recursos de reparación provienen del presupuesto municipal, su uso debe ser regulado y transparente.
Más allá del acto en sí, la pregunta de fondo es de principio:
¿Puede un alcalde disponer de un bien municipal como si se tratara de un activo discrecional?
¿Dónde termina la autoridad y dónde comienza el control?
🧩 Un concejo ausente
El silencio del cuerpo colegiado durante toda la sesión —y especialmente ante este punto— es más elocuente que cualquier discurso.
El concejo municipal, según la ley, no solo existe para aprobar subvenciones o respaldar propuestas de alcaldía; su función primordial es fiscalizar los actos de la administración.
Sin embargo, en esta sesión, los concejales actuaron más como testigos pasivos que como contrapeso institucional.
Lo ocurrido revela una práctica extendida: la aprobación automática de modificaciones presupuestarias, subvenciones o decisiones operativas, sin deliberación sustantiva ni revisión pública. La unanimidad constante, aunque formalmente eficiente, se convierte en un gesto vacío cuando no hay contraste ni análisis.
👥 La ciudadanía sí habló
Mientras en el salón de sesiones predominó el silencio, en las redes sociales y espacios vecinales se desató un debate abierto.
Vecinos, exdirigentes del COSOC y representantes de juntas vecinales expresaron su desconcierto y molestia por lo que consideran una gestión carente de prioridades sociales.
“¿Cómo se destina una casa municipal para uso particular cuando hay organizaciones sin sede?”, preguntaron públicamente dirigentes barriales.
Esa percepción ciudadana, más allá de la veracidad última de los hechos, refleja una crisis de confianza política: los vecinos sienten que las decisiones no se explican ni se justifican, y que el diálogo institucional se reemplaza por gestos administrativos.
🧒 El caso del Jardín Los Duendecitos: el otro espejo
En la misma sesión se volvió a tratar la situación del Jardín Infantil Los Duendecitos, cerrado desde hace meses por problemas de infraestructura.
Padres y apoderados denunciaron precariedad y lentitud en las soluciones, mientras los niños siguen sin atención regular.
El alcalde reconoció los problemas y ofreció gestiones ante Bienes Nacionales y la Subsecretaría de Educación Parvularia, pero sin fechas concretas ni un plan de contingencia.
El contraste es inevitable: mientras un inmueble municipal se repara para uso interno, otro permanece inutilizado sin resolver un problema social urgente.
🏛️ La forma también importa
La gobernanza local no se mide solo por la cantidad de obras ejecutadas o talleres financiados. Se mide, sobre todo, por la calidad del debate público, la rendición de cuentas y el respeto por la institucionalidad.
Un municipio no puede permitirse que la improvisación reemplace al procedimiento, ni que la confianza política sea confundida con obediencia.
El periodismo local —al igual que la ciudadanía— no está para condenar ni absolver, sino para exigir transparencia y justificación.
Si la casa de la Vigil tiene una finalidad legítima, el municipio debe explicarla con documentos, resoluciones y razones.
Si no la tiene, el concejo debe ejercer su deber de control.
Y si ambos callan, la ciudadanía tiene derecho a dudar.
⚖️ Un llamado a la institucionalidad
Taltal necesita un concejo deliberante, no ornamental.
La fiscalización no es un gesto de oposición política, sino una obligación democrática.
Callar ante la duda pública no es prudencia: es omisión.
Y la omisión, en gestión pública, también tiene consecuencias.
La casa de la Vigil, hoy centro de polémica, podría ser solo una anécdota administrativa.
O podría convertirse en símbolo de algo más profundo:
la diferencia entre gobernar para la comunidad o administrar desde la costumbre.
El silencio también comunica. La transparencia también se construye desde la rendición de cuentas.