Desde la aprobación unánime del cobro de derechos de aseo hasta el áspero intercambio por el destino de un programa clave para niños neurodivergentes, la sesión retrató un municipio empujado a regularizar décadas de informalidad bajo presión institucional, con recursos estrechos y una ciudadanía que ya no tolera explicaciones incompletas.
TALTAL, martes, 09 de diciembre de 2025. La Sesión de Concejo Municipal N°35 de Taltal, realizada esta segunda semana de diciembre de 2025, expuso con crudeza una realidad que atraviesa a muchas comunas del país: un Estado local obligado a ordenar atrasos administrativos históricos y cumplir exigencias de control, al mismo tiempo que enfrenta demandas sociales urgentes —y altamente especializadas— sin infraestructura suficiente y con una debilidad estructural: la comunicación pública de los procesos cuando “todavía están en desarrollo”.
Derechos de aseo: el municipio cobra porque debe, pero la disputa real fue otra
La sesión abrió con un tono marcadamente técnico. No por elección política, sino por necesidad: el municipio debía aprobar la tarifa anual del servicio de aseo y recolección, un cobro que durante años no se aplicó o no se aplicó con eficacia, y que —según se remarcó en sala— hoy está bajo un estándar de fiscalización que ya no admite omisiones.
La exposición inicial ordenó los números sin rodeos. El costo total anual del servicio, calculado conforme a 2024, se fijó en $135.353.387, considerando —según se detalló— sueldos de choferes, sueldos de peonetas, mantención de vehículos, gastos administrativos, combustible, neumáticos, equipamiento del personal y otros ítems. Ese costo se dividió por el universo informado de 4.475 predios (agrícolas y no agrícolas) para llegar a una tarifa anual de $30.288, que se subdivide en un cobro trimestral de $7.572.
Con esos datos sobre la mesa, la discusión no se concentró en si el monto era “alto” o “bajo”. De hecho, el propio alcalde lo calificó derechamente como un cobro mínimo —“menos de dos mil pesos” en el impacto que, según su lectura, podría percibir la ciudadanía en términos mensuales— y defendió que el objetivo central es ordenar, formalizar y cumplir la norma vigente.
El punto de quiebre no fue financiero. Fue operativo y comunicacional.
El concejal Christian instaló una duda básica, pero políticamente explosiva: ¿cómo se fiscaliza el pago, si el servicio de recolección no está asociado a un “punto de retiro” fijo y la basura “se vuelve a otro lugar”? La respuesta fue institucional: el cobro se canalizará por el Departamento de Administración y Finanzas, mediante carta al domicilio; y los atrasos se tratarán conforme a ley, con gastos administrativos, intereses y recargos.
En la práctica, se aclaró que no se “castiga” al punto de disposición, sino al domicilio y al predio. Esa diferencia no es menor: separa el debate de la logística y lo mueve al terreno de la cobranza municipal.
A partir de ahí, el discurso se desplazó hacia un segundo eje: el cobro como contrato social.
El alcalde lo formuló sin ambigüedades: si los vecinos tendrán obligación de pagar, entonces también tendrán derecho a exigir. La frase encierra una advertencia: el municipio ya no podrá refugiarse en la informalidad de costumbre para explicar fallas de servicio. Con pago, la demanda ciudadana se vuelve más legítima y, sobre todo, más exigible.
En ese marco, se describió el régimen actual de recolección: lunes, miércoles y viernes para residuos domiciliarios, más un servicio diferenciado para sectores públicos, incluyendo áreas como playas, donde —se reconoció— existe una práctica habitual de vecinos que depositan basura fuera de día en basureros urbanos precisamente porque “de lunes a domingo” hay retiro en esos puntos. La sesión, en ese momento, dejó entrever un problema cultural: la basura se mueve siguiendo el servicio, y el servicio se tensiona por hábitos no regulados.
Otra capa de la discusión fue la gestión en feriados. El alcalde sostuvo que, ante festividad, se comunica con 72 horas de anticipación si no habrá servicio, trasladando una parte de la responsabilidad a la ciudadanía: no sacar la basura cuando se informó que no pasará el camión, para evitar acumulación, rotura de bolsas y dispersión por perros. Pero lo relevante fue lo siguiente: el concejo dio por hecho que la comunicación municipal —hoy— no está llegando de manera homogénea.
Por eso el debate se volvió, en realidad, una discusión sobre el sistema de información local: se insistió en reforzar la difusión por radio (no solo internet), y se abrió un diagnóstico que para Taltal es estructural: el municipio carece o no dispone de manera estable de un sistema radial institucional, lo que llevó al alcalde a mencionar la necesidad de licitar un servicio de difusión radial.
En paralelo, surgieron propuestas de socialización territorial: flyers domiciliarios, aprovechamiento de colegios en época de matrículas, activaciones en verano, incluso uso de instancias masivas como repartos de juguetes. La insistencia tuvo un subtexto: no se trata de “vender” el cobro, sino de evitar que el cobro estalle por sorpresa.
El tercer componente de la controversia fue el de las exenciones. Se mencionó expresamente:
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Predios con avalúo fiscal bajo un umbral (se señaló 225 UTM hacia abajo).
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Mayores de 65 años, con posibilidad de exención o rebaja.
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Situaciones de vulnerabilidad económica, canalizadas mediante presentación y evaluación social.
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Y una facultad del concejo y el alcalde para definir casos específicos, dentro del marco de la ordenanza.
El mensaje que quedó instalado fue doble: el cobro será universal como regla, pero habrá mecanismos de alivio; y esos mecanismos, por sí mismos, requieren información clara y procedimientos simples, porque —si no— se convierten en letra muerta.
Finalmente, la tarifa se aprobó por unanimidad, con votos a favor que incluyeron una defensa explícita: no se trata de “antojo”, sino de una ley que no se venía cumpliendo y que se tiene que cumplir. La unanimidad, sin embargo, no fue un cierre político; fue un cierre administrativo. El conflicto, se entendió, se trasladará a la calle: a la forma de cobrar, a la capacidad de informar y a la calidad del servicio una vez que la ciudadanía empiece a pagar.
Cementerio Municipal: una exposición que dejó al descubierto un Estado local sin papeles
El segundo gran bloque fue, en términos narrativos, el más revelador de la jornada. El administrador del Cementerio Municipal, Raúl Cruz, realizó una exposición extensa que combinó diagnóstico institucional, descripción de daños físicos y una enumeración de vacíos administrativos que, de confirmarse en su totalidad, grafican algo peor que el desorden: la ausencia de Estado en un recinto público esencial.
Partió por el contexto: asumió la administración con fecha 10 de diciembre de 2024, en un proceso de entrega realizado —según relató— por Carla Castillo (subrogante), con personal histórico como Gustavo Vergara (33 años de servicio) y Jorge Monsalve (3 años). Lo central, sin embargo, fue la caracterización de la “herencia” administrativa: se entregó información acotada a programas de ingresos y tesorería, y se señaló que los registros operativos del cementerio estaban incompletos o desactualizados.
El punto más delicado fue dicho sin eufemismos: los registros de sepultaciones y consultas familiares llegaban hasta 2023; de 2024 no había registros. Y lo que existía era, en parte, material manuscrito —“en papel” y hasta “al lápiz”—, lo que obliga a entender el nivel de precariedad documental: cuando una familia consulta por un difunto, un cementerio sin registro actualizado no solo falla administrativamente, sino que erosiona la dignidad del servicio.
A partir de ahí, la exposición se abrió a un inventario de problemas:
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Nichos de un proyecto mal diseñado y mal construido, con obras inconclusas, que debieron ser demolidas por deficiencias.
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Escombros acumulados, retirados con maquinaria por instrucción del alcalde.
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Estanques o acumulaciones de agua demolidos o sellados por exigencia sanitaria (se mencionó el riesgo por mosquito y dengue).
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Mausoleos antiguos abandonados, sin asociaciones activas que los mantengan, intervenidos para mejorar presentación.
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Escaleras pesadas, sin ruedas, descritas como un riesgo real tras un episodio donde una niña —según se relató— terminó en una situación de asfixia accidental; se pidió a la DOM retirarlas por seguridad.
Pero el corazón del diagnóstico no fue solo material. Fue jurídico y de gobernanza.
Se afirmó que el cementerio “era tierra de nadie” en términos de dominio y respaldo documental, y que recién en diciembre de 2024 se regularizó el comodato o la situación que permite acreditar la administración municipal del recinto, con un horizonte de 50 años. Se relató que históricamente el cementerio perteneció al Ministerio de Salud hasta 1982, pasando luego a régimen municipal como servicio traspasado. Ese ordenamiento, si se toma literalmente, implica que por décadas se operó sin el nivel de formalidad que el Estado exige hoy para sustentar cobros, concesiones y fiscalización.
El intercambio entre concejales y administración confirmó el trasfondo: existían convenios “a mano alzada”, ausencia de timbres, superposiciones de terrenos, ocupaciones de espacios que ya estaban vendidos, y una falta de trazabilidad que permitió el conflicto clásico: una persona construye sobre un terreno, y luego aparece otro propietario con pago previo del mismo espacio.
No fue una acusación aislada. Fue la descripción de un sistema sin control cartográfico, sin sectorización, sin registros consistentes: un cementerio, en términos urbanos, sin plano confiable.
En paralelo, surgieron aspectos de seguridad pública que, por su gravedad, exceden el ámbito funerario:
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Robos dentro del cementerio (herramientas, daños).
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Hallazgo de armas cortopunzantes.
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Denuncias de rituales.
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Un episodio de explosivo lanzado por un grupo de menores con uniforme, según se describió.
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Falta de iluminación interior.
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Vigilancia nocturna con un solo vigilante, sin equipamiento básico (se mencionó explícitamente ausencia de linterna y carencia de elementos de protección personal gestionados por DAOMA/BAOMA).
En la sesión se discutió que el cementerio, al ser espacio público, no puede prohibir ingreso arbitrariamente. Pero se abrió una salida institucional: un reglamento de funcionamiento (se corrigió el término “reglamento interno”), capaz de fijar horarios, permisos especiales en fechas sensibles (Navidad, Año Nuevo), exigencias a contratistas (EPP) y facultades de ordenamiento.
La exposición incluyó además una tensión clásica entre normativa y práctica: la ley permitiría, tras más de diez años sin visitas o mantención, exhumar y trasladar restos a fosa común. Pero se reconoció un dato clave: Taltal hoy no tiene fosa común, lo que hace inviable aplicar plenamente esa norma y, por tanto, limita la capacidad de “recuperar espacio” conforme a ley.
La proyección a futuro fue igualmente cruda: la vida útil del cementerio, bajo condiciones actuales, se estimó en unos 10 años, con posibilidad de extenderse si se ordena y se construye hacia arriba (nichos verticales). Se mencionaron proyectos: accesos, veredas, baños inclusivos, luminarias solares, pilones de agua para evitar que adultos mayores carguen baldes, y cámaras de televigilancia —incluida la posibilidad de energía fotovoltaica—.
La sesión, en este capítulo, dejó un aprendizaje político duro: cuando se intenta ordenar un servicio público que operó con informalidad, el costo no es solo impopularidad. Es enfrentar el pasado sin archivo, es decir: hacer Estado donde no hubo Estado.
Unidos por el Amor: el conflicto no fue el espacio, fue la confianza
El tramo final concentró la tensión más humana —y más delicada— de la sesión: la discusión por la agrupación Unidos por el Amor, ligada a atención de niños neurodivergentes y terapias, y la incertidumbre sobre su reubicación.
La concejal Valesca (y otros ediles) introdujeron el punto desde una carta entregada al concejo: apoderados alertaban preocupación por el lugar propuesto, se mencionó el jardín “Los Duendecitos” como referencia de una información que circuló, y se reclamó falta de reunión y falta de claridad. El alcalde respondió con un tono defensivo: sostuvo que se reunió con directiva o conversó con la presidenta, y que el espacio del jardín no era definitivo porque no tenía capacidad suficiente; se evaluaba otro lugar, aún sin certeza, precisamente porque se requieren condiciones específicas.
Ese intercambio reveló algo que atraviesa toda política social local: la diferencia entre una decisión y una intención. La municipalidad explicó que la noticia estaba “en desarrollo” y que comunicar destinos sin certeza genera el efecto contrario: “vamos para allá y después no vamos para allá”. Los concejales, en cambio, subrayaron la otra cara: si el concejo no está informado de procesos y conversaciones relevantes, cuando llegan cartas y reclamos quedan expuestos, y la comunidad interpreta que no hay conducción.
El debate se volvió, entonces, un conflicto por flujo de información y por metodología:
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La administración sostuvo que ha conversado con profesionales para definir requerimientos reales (atenciones personalizadas, necesidad de más de una sala, etc.).
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Los concejales insistieron en que no basta con lo técnico: hay que conversar también con apoderados, porque ellos conocen la sensibilidad sensorial y el impacto de olores, ruidos y estímulos sobre los niños.
Se cruzó además el factor presupuesto. Se mencionaron cifras de arriendo local en Taltal —del orden de $1,2 millones a $2,5 millones—, presentadas como imposibles de sostener para la municipalidad en el escenario actual. Y, al mismo tiempo, concejales propusieron ideas de emergencia: buscar local, pensar en sectores amplios, soluciones transitorias en verano, incluso espacios escolares, mientras se define una alternativa definitiva.
Aquí la sesión dejó una conclusión incómoda: la demanda social no siempre es una demanda “de plata”, pero sí es una demanda de infraestructura adecuada, y la infraestructura municipal disponible no está diseñada para programas especializados, con requerimientos terapéuticos, de accesibilidad cognitiva y de control de estímulos. En ese contexto, improvisar un traslado no sería solo un error administrativo: sería un daño potencial a procesos de intervención.
No hubo resolución final. Pero sí quedó un compromiso implícito: la reubicación debe priorizar condiciones por sobre rapidez. El problema, no obstante, seguirá abierto hasta que exista un lugar concreto y una comunicación que reconstruya confianza.
La política de lo cotidiano: escaleras, luminarias, canchas y accesibilidad
En los puntos finales apareció la administración del día a día: solicitudes vecinales por luminarias quemadas, preocupación por sectores oscuros, requerimientos de obras menores y avance de infraestructura deportiva.
Se abordó el mejoramiento de una escalera vinculada al sector de la feria municipal (por Jorge Montt), con dudas sobre viabilidad del proyecto en desarrollo y la posibilidad de soluciones transitorias con iluminación solar. Se registró una petición concreta por un foco quemado en el sector Tiro al Blanco, calle 2. Se reconoció una gala cultural reciente y el trabajo de monitores. Y en deporte, se discutió la Cancha de Futbolito: la explicación municipal fue que no se reinstalaron arcos porque el recinto estaba en proceso de nivelación con tierra roja, con un plazo comprometido antes del inicio del campeonato (se mencionó un hito hacia enero, con referencia explícita a que el 15 iniciaría un torneo y el 14 sería el máximo para entrega).
Se tocó, además, el acceso universal en playas: se habló de experiencias previas con sillas anfibias y la necesidad de acceso físico hasta un punto de aproximación para que la inclusión sea real y no meramente declarativa. La sesión, en ese tramo, mostró el contraste: el municipio debate grandes regularizaciones legales y, al mismo tiempo, lidia con lo básico —iluminación, escalas, accesos—, que es donde la ciudadanía forma su juicio diario.
Un concejo atrapado entre el deber y la fragilidad
La Sesión N°35 no fue rutinaria. Fue un retrato de época municipal: la administración empujada a cumplir, ordenar, formalizar —por Contraloría, por normativa, por fiscalización— y una política social que se vuelve más compleja sin que el aparato local tenga estructura para sostenerla.
El cobro de aseo se aprobó sin conflicto ideológico, pero con un temor latente: que la comunicación sea insuficiente y el costo político se pague en desconexión con la ciudadanía. El cementerio mostró un escenario más duro: ordenar no es solo mejorar, es reconstruir legalidad donde faltó archivo. Y Unidos por el Amor tensionó el nervio principal: cuando se trata de niños y terapias, la falta de certeza no es un trámite, es angustia social.
Al final, el concejo pareció decir lo mismo por distintas vías: la legalidad obliga, la gente exige y el municipio no puede seguir comunicando a medias. Porque en ese punto —cuando no hay claridad, ni certeza, ni cronograma— incluso la decisión correcta queda expuesta a convertirse en una decisión frágil.