La última sesión ordinaria del Concejo Municipal no fue un trámite más: fue una radiografía cruda de cómo la Contraloría está empujando —a codazos— a la municipalidad de Taltal a ordenar la casa. Hubo avisos sobre cruces de datos por licencias médicas y asistencia a casinos, una “exención de toma de razón” que toca procesos financieros, recordatorios sobre obligaciones de transparencia y sanciones por no actualizar las Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP). Todo en una sola tarde. No son papeles: son alarmas.
El alcalde de Taltal, la administradora municipal y los concejales durante la sesión ordinaria N.º 27 del Concejo, marcada por exigencias de transparencia a Contraloría, el traspaso OPD–OLN y el debate por las patentes mineras.
1. La sombra (necesaria) de Contraloría
El alcalde Mario Acuña informó que la Contraloría General de la República envió nóminas del sistema SIC con cruces de información sobre licencias médicas y funcionarios que incumplen jornada —incluso yendo a casinos—, y que acaba de arribar una segunda lista con más nombres. También comunicó la llegada de la Resolución 36, que introduce exenciones de toma de razón en “procedimientos” ligados a la gestión financiera-contable.
Dos exigencias se desprenden de esto. Primero, transparencia activa: esa documentación debe socializarse más allá del Concejo, con una pauta pública de cumplimiento y plazos. Segundo, control político real: la exención de toma de razón puede agilizar, pero también opacar. El compromiso de “hacer llegar” los antecedentes no basta; hace falta un espacio abierto con Finanzas y Control para explicar, en castellano simple, qué cambia en la práctica y cómo se blindan los actos administrativos.
Hay, además, un dato que no admite excusas: los oficios de Contraloría se responden en cinco días —a veces prorrogables a diez— y suelen ser densos. Si la casa está en orden, el municipio debe poder demostrarlo con trazabilidad pública; si no lo está, hay que corregir sin dilación.
2. El golpe de caja: patentes mineras a la mitad
El Concejo recibió otra noticia inquietante: “está llegando el 50%” de las remesas por patentes mineras respecto de 2024. La intención municipal es ir a “pelearlo a Santiago” junto a otros alcaldes. La explicación oficial sobre la nueva ley —aplicable desde 2025— decía que el 80% de lo recaudado se distribuiría entre gobiernos regionales y municipios mineros; sin embargo, hoy la Tesorería estaría transfiriendo menos de lo que corresponde, según se deslizó en la sesión.
Eso obliga a dos movimientos inmediatos:
1) Plan de contención: escenario de ingresos realista, priorización del gasto y modificación presupuestaria con memoria explicativa entendible para la ciudadanía (no solo para contadores).
2) Estrategia colectiva: sí, hay que ir a Santiago; pero también hay que encender la presión técnica y política desde las asociaciones municipalistas y el propio Gobierno Regional, con datos en mano y comunicando cada hito. Cualquier silencio prolongado solo alimentará la percepción de improvisación.
3. Niñez: una transición que no puede dejar a nadie atrás
Otra discusión de fondo: el cierre de la OPD y la apertura de la Oficina Local de la Niñez (OLN). La cifra que duele es concreta: 89 casos en tránsito. Con el nuevo modelo, los procesos que se judicialicen los tomará el Ministerio de Justicia, y el municipio perderá seguimiento directo. El Concejo pidió traer a la SEREMI para explicar el “cómo” de la transición, qué se pierde, qué se gana y quién responde por las brechas.
Aquí el municipio debería de publicar un plan de continuidad con responsables, plazos, rutas de derivación y mecanismos de control ciudadano. Cuando hablamos de protección de derechos, la nebulosa institucional es inaceptable.
4. Fiestas Patrias y seguridad: el detalle importa
Hubo preguntas prácticas —y pertinentes—: cuántos puestos de comida y ramadas habrá, qué juegos criollos, cómo operará Seguridad Pública, cómo se segregará el espacio y qué avances tiene la mesa técnica sobre campamentos. La respuesta debe existir antes de levantar la primera carpa: información clara, mapa público, baños, controles, horarios y protocolos. La fiesta es de todos, pero la responsabilidad es municipal.
Reglas claras para capacitaciones: menos enredos, más criterios
La sesión también evidenció desorden en las reglas para capacitaciones: un curso internacional aprobado por el Concejo terminó sin autorización del alcalde, quien citó dictámenes de Contraloría sobre pertinencia de contenidos para concejales. Más allá de quién “tenía la razón”, lo que hay es una falla de procedimiento: criterios previos, lista tipo de temáticas válidas, filtro jurídico y comunicación oportuna para evitar bochornos (y costos).
La transparencia no se anuncia, se hace
El hilo común de la sesión 27 es evidente: cuando la institucionalidad aprieta, se nota dónde hay procesos y dónde hay parches. Taltal necesita pasar de la reacción a la prevención. Algunas medidas concretas que el municipio podría adoptar desde ya:
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Tablero público de cumplimiento (instructivos de Contraloría, oficios, plazos y estado de respuesta).
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Sesión abierta técnica sobre la Resolución 36: qué se exime de toma de razón, qué controles alternativos se aplicarán y cómo se documentará cada decisión.
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Escenario fiscal transparente ante la caída de remesas mineras y hoja de ruta política-técnica para revertirla.
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Plan público de transición OPD-OLN con resguardo de los 89 casos y un canal de reclamos con respuesta en 72 horas.
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Protocolo unificado de capacitaciones: pertinencia, procedimiento y comunicación, para que nunca más se apruebe algo que luego se desautoriza.
La comunidad no pide milagros; pide reglas claras, información a tiempo y rendición de cuentas. Después de esta sesión, el municipio tiene la oportunidad —y la obligación— de demostrar que aprendió la lección.