En la segunda sesión ordinaria de 2026, el Concejo aprobó mantener la dieta y la asignación por asistencia, pero el debate de fondo quedó en la gestión: el avance del Informe 419 de Contraloría, la única observación pendiente asociada a un contrato vigente desde 2015 y las alertas por moras previsionales que —según se advirtió— “no prescriben jamás”.
TALTAL, martes, 09 de diciembre de 2025. La sesión del martes 6 de enero, iniciada a las 16:11 horas, tuvo acuerdos rápidos en materias administrativas internas, pero abrió una discusión más relevante para la comunidad: cómo el municipio está resolviendo observaciones críticas de control, cómo se ordena el sistema contable y qué certezas existen frente a deudas previsionales y responsabilidades administrativas.
La jornada partió con la aprobación de la dieta de concejalas y concejales para 2026, manteniéndola en el mismo nivel de 2025, según la propuesta del alcalde en su calidad de presidente del Concejo. Luego se votó la asignación adicional por asistencia, fijada en 75%, también aprobada sin mayores objeciones.
El punto sustantivo vino después: la presentación del estado del Informe 419 de la Contraloría General de la República, auditoría financiera/contable emitida el 13 de septiembre de 2024. En la exposición se informó un universo de 41 observaciones, con 31 subsanadas en plazo, 9 subsanadas fuera de plazo y 1 pendiente. Además, se explicitó la clasificación de complejidad: 11 altamente complejas, 12 medianamente complejas y 18 complejas, sin observaciones “levemente complejas”, lo que da cuenta de un paquete de hallazgos de peso.
La exposición detalló además la distribución interna: la Dirección de Administración y Finanzas (DAF) concentra 30 observaciones, mientras Jurídico registra 2, Administración 8 y Control Interno 1. En simple: el “corazón” financiero del municipio es, también, el principal foco de hallazgos.
La observación pendiente: cuando “estar en proceso” no cierra el riesgo
El elemento más sensible no fue el número de observaciones resueltas, sino la única pendiente. Según se explicó, corresponde a un contrato vigente desde 2015, extendido mediante múltiples adendum, cuyo objetivo “se tiende a perder” con el paso del tiempo. El remedio exigido sería un nuevo contrato (con el mismo proveedor u otro), situación que hoy estaría en proceso, vía levantamiento de bases y licitación.
Aquí aparece el primer choque entre relato y estándar de control: se planteó que se ha respondido “por oficio” informando el proceso, pero también se reconoció una realidad que cualquier vecino entiende sin tecnicismos: Contraloría trabaja con “respuestas ciertas”. Mientras no exista el nuevo instrumento contractual, la observación se mantendrá.
Esa brecha —entre “estamos avanzando” y “está cerrado”— es precisamente el punto donde se juega la confianza pública. La comunidad no evalúa solo intenciones; evalúa resultados verificables.
“El problema es la contabilidad”: diagnóstico directo, desafío gigantesco
Hubo una afirmación que sintetiza la sesión y que, por su claridad, debiera quedar como cuña: “El problema que nosotros tenemos acá en la municipalidad es la contabilidad”. Es un diagnóstico que ordena el debate, porque ubica el desafío en gestión y capacidades, no únicamente en trámites.
Se explicó que el municipio busca licitar un nuevo sistema contable con acompañamiento, capacitaciones continuas y soporte permanente, bajo la premisa de que la plataforma actual no habría sido aprovechada en su totalidad por los equipos (“no han podido aprender ni el 50%”, se dijo). También se advirtió que una migración inmediata puede generar distorsiones y que debe hacerse con cuidado.
En esa misma línea, se deslizó un problema adicional: falta de acceso o claves a plataformas de reporte (“no tengo claves… no puedo ver los informes”, se señaló). Aunque el detalle técnico puede pasar inadvertido para el público, el trasfondo es serio: si no hay acceso oportuno a información crítica, la gobernanza financiera se debilita.
Moras previsionales: la alerta que exige precisión, plazos y responsables
Tras la presentación del 419, el debate se movió a un terreno aún más delicado: deudas/moras previsionales. La concejala Valeska Mondaca sostuvo que, al consultar en fuentes externas, seguirían apareciendo moras, por lo que pidió validar si esos casos fueron regularizados y cómo se cerrarán en el sistema, ya que —según se explicó— hay situaciones “sistémicas” asociadas a finiquitos no informados o trabajadores que permanecen “activos” en registros por falta de cierre administrativo.
La respuesta municipal puso énfasis en que no se trataría de no pago, sino de cierres y registros, y que hay un trabajo de depuración con apoyo externo (mencionándose coordinación con plataformas y contrapartes técnicas). Sin embargo, también se incorporó una frase que no admite relativizaciones: “Las deudas previsionales no prescriben, jamás”.
Esa afirmación obliga a algo que la sesión todavía no entregó en forma completa: un cuadro de mando público. Porque en previsión, la discusión no se gana con explicaciones generales; se gana con datos concretos: cuántos casos, de qué periodos, qué causal (deuda efectiva vs. mora por cierre), qué plan de regularización, qué plazos, qué responsables y qué hitos mensuales.
Lo que se valoró y lo que faltó
Hay elementos positivos que deben reconocerse: se entregó una estructura de avance del 419 con números concretos; se explicó la lógica de clasificación de Contraloría; se transparentó que existe una observación pendiente y se explicitó el motivo; y se asumió públicamente que la contabilidad es una debilidad que requiere modernización y capacitación.
Pero, desde un estándar de excelencia periodística y de probidad, también quedó claro lo que falta:
- Certezas verificables: “estar en proceso” no equivale a “subsanado”. La observación pendiente exige fecha objetivo y evidencia documental cuando corresponda.
- Trazabilidad pública: en moras previsionales, la comunidad necesita distinguir entre “deuda efectiva” y “mora por registro”, con un plan de cierre medible.
- Responsabilidades: se mencionó que donde hay faltas administrativas corresponde investigación y sumario; pero no quedó delimitado cuándo se activa ese estándar y con qué criterios.
- Síntesis para la ciudadanía: el debate fue técnico y extenso; faltó una bajada municipal clara, entendible, que explique “qué pasa, por qué pasa y qué viene ahora”.
El estándar no es hablar de transparencia, es gobernar con ella
La sesión N°2 dejó una lección simple: la transparencia no se declama; se sostiene con sistemas, controles y cierres administrativos impecables. Se puede tener un alto porcentaje de cumplimiento en transparencia y, a la vez, arrastrar debilidades críticas en contabilidad y gestión contractual. No es una contradicción: es un llamado de atención.
El municipio reconoció que el problema central está en la contabilidad. Ese reconocimiento es valioso, porque evita el autoengaño. Pero el siguiente paso —el único que realmente importa— es convertir el diagnóstico en resultados: contrato regularizado, sistema contable robusto, accesos y reportes garantizados, capacitación efectiva, y un tablero público que permita a cualquier vecino comprobar avances mes a mes.
La ciudadanía no exige perfección. Exige orden, claridad y responsabilidad. Y en materias financieras y previsionales, eso se traduce en una regla inflexible: cada observación debe tener dueño, plazo e indicador. Sin eso, toda discusión queda atrapada en el “buenas voluntades” que, como se dijo en sala, “no sirven” para cerrar observaciones.
La sesión terminó a las 18:04. El tema, en cambio, recién empieza: porque en probidad, el verdadero cierre no es el acta. Es la evidencia.