La iniciativa fue rechazada en la Cámara de Diputadas y Diputados por apenas un voto, tras alcanzar 88 de los 89 respaldos que necesitaba. El Ejecutivo confirmó que utilizará la denominada insistencia presidencial, mecanismo que obligará ahora a reunir dos tercios de los votos en el Senado para mantener con vida la reforma.

Autoridad de Gobierno durante la discusión por la reforma que busca ampliar el plazo de detención previo a expulsiones administrativas en Chile.

SANTIAGO, jueves 24 de septiembre de 2026. El Gobierno confirmó que recurrirá al Senado para intentar continuar la tramitación de la reforma constitucional que busca ampliar el período durante el cual una persona extranjera en situación migratoria irregular puede permanecer detenida con el objetivo de concretar una expulsión administrativa, luego de que la propuesta fuera rechazada en la Cámara de Diputadas y Diputados por la diferencia mínima de un voto.

La iniciativa obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, pero requería alcanzar 89 respaldos, equivalentes a los cuatro séptimos necesarios debido a que modifica disposiciones constitucionales. El resultado dejó inicialmente rechazado el proyecto en su Cámara de origen.

Actualmente, el plazo destinado a ejecutar una expulsión administrativa se encuentra fijado en 48 horas. La propuesta discutida por la Cámara buscaba permitir períodos más extensos, estableciendo un rango de entre cinco y 30 días, con posibilidades de extensión bajo determinadas condiciones y mediante intervención judicial.

El objetivo declarado por el Ejecutivo es disponer de un margen temporal mayor para materializar expulsiones ya decretadas, considerando dificultades logísticas como la coordinación de vuelos, identificación de personas, obtención de documentos y recepción por parte del país de destino.

Tras la votación, el vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, confirmó que el Gobierno utilizará el mecanismo de insistencia presidencial y enviará el proyecto al Senado.

La Constitución establece una excepción para las iniciativas originadas por mensaje presidencial que son rechazadas en su Cámara de origen: el Presidente puede solicitar que sean revisadas por la otra rama del Congreso. En este caso, el Senado deberá aprobar en general la iniciativa con el voto favorable de dos tercios de sus miembros presentes para que pueda continuar su tramitación.

El escenario eleva considerablemente la exigencia política para el Ejecutivo. Mientras en la Cámara necesitaba cuatro séptimos, ahora deberá construir una mayoría de dos tercios en el Senado antes de que la reforma pueda regresar a la corporación donde inicialmente fue rechazada.

La discusión previa también dejó diferencias respecto de la efectividad y extensión de la medida. Parlamentarios que no respaldaron el proyecto cuestionaron, entre otros aspectos, si aumentar considerablemente los períodos de detención solucionaría los problemas operativos que actualmente dificultan algunas expulsiones y plantearon reparos sobre las garantías aplicables durante una privación de libertad más prolongada.

Desde el Ejecutivo, en cambio, se ha sostenido que el actual marco resulta insuficiente para ejecutar determinadas órdenes. Alvarado afirmó que al asumir en Interior encontró más de 40 mil decretos de expulsión sin ejecutar, cifra utilizada por el Gobierno para fundamentar la necesidad de modificar el sistema.

El resultado de la Cámara estuvo además marcado por ausencias, abstenciones y cambios respecto de respaldos que el Ejecutivo esperaba obtener durante la votación. Algunos permisos constitucionales correspondientes a parlamentarios que se encontraban fuera del país tampoco alcanzaron a ser considerados oportunamente para efectos del cálculo del quórum.

La discusión, por lo tanto, quedó lejos de terminar con el rechazo registrado esta semana. El centro del debate se trasladará ahora al Senado, donde el Gobierno deberá reunir una mayoría considerablemente superior si pretende que la reforma vuelva a la Cámara y continúe su recorrido legislativo.

Lo que ocurra en esa instancia determinará si la propuesta logra avanzar hacia una nueva discusión parlamentaria o queda impedida de continuar bajo la fórmula actualmente presentada.