Las iniciativas del Ejecutivo contemplan revisión de mochilas, sanciones por interrumpir clases, prohibición de capuchas y gorros que impidan la identificación facial, además de restricciones para acceder a la gratuidad en educación superior en casos de condenas por delitos graves.
PALACIO DE LA MONEDA, SANTIAGO DE CHILE, martes 7 de abril de 2026. El Presidente de la República José Antonio Kast firmó este martes dos proyectos de ley orientados a endurecer las medidas de seguridad en establecimientos educacionales, en medio del debate nacional por el aumento de episodios de violencia escolar. Desde La Moneda, el Mandatario pidió al Congreso legislar con rapidez y apeló a un acuerdo transversal, afirmando que “la violencia en las escuelas no tiene color político”.
El gobierno ingresará al Congreso dos proyectos de ley con foco en seguridad escolar, luego de una seguidilla de hechos de violencia registrados en recintos educacionales del país y especialmente tras el crimen de una inspectora en Calama, caso que aceleró la definición política del Ejecutivo en esta materia.
La primera iniciativa apunta a modificar el Código Penal para establecer nuevas agravantes de responsabilidad penal cuando los delitos sean cometidos contra integrantes de la comunidad educativa o dentro de recintos educacionales. La segunda, denominada “Escuelas Protegidas”, incorpora medidas preventivas y disciplinarias al interior de los establecimientos. Entre ellas se considera la revisión de mochilas y pertenencias, el fortalecimiento de facultades para que docentes adopten medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias, sanciones por interrupción de clases y la prohibición de usar accesorios que impidan la identificación facial, como capuchas, gorros o pasamontañas, salvo casos justificados.
Uno de los puntos que más controversia ha generado es la propuesta de inhabilitar el acceso a la gratuidad en la educación superior para estudiantes condenados por sentencia firme por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad e infraestructura pública. La medida, que había sido impulsada anteriormente desde la UDI, fue recogida ahora por el Ejecutivo y rápidamente tensionó el debate en el Congreso.
Durante la ceremonia de firma, Kast sostuvo que el gobierno tiene la voluntad de concretar estas medidas y pidió al Parlamento tramitarlas “con prontitud”, insistiendo en que la seguridad en los colegios no debe transformarse en una disputa ideológica. En esa línea, afirmó que la violencia en las escuelas no distingue sectores políticos y llamó a respaldar normas orientadas a recuperar el orden, la autoridad y la convivencia al interior de los establecimientos.
La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, explicó que uno de los proyectos busca aumentar las penas por delitos cometidos dentro de recintos educacionales o en traslados vinculados a la actividad escolar. A su vez, la ministra de Educación, María Paz Arzola, sostuvo que el derecho a la educación se encuentra amenazado por la inseguridad y por hechos que, a juicio del Ejecutivo, no debieron normalizarse en los espacios escolares.
El debate político no tardó en escalar. Mientras parlamentarios oficialistas y sectores de derecha defendieron las iniciativas como una respuesta necesaria ante la pérdida de autoridad y el deterioro de la convivencia escolar, desde la oposición surgieron fuertes cuestionamientos. Las críticas apuntaron especialmente a la restricción de la gratuidad, a la ausencia de medidas ligadas a salud mental y a las dificultades prácticas que implicaría, por ejemplo, la revisión de mochilas dentro de los colegios.
Desde el oficialismo, voces como las de Ricardo Neumann y Tomás Kast valoraron el contenido de los proyectos, sosteniendo que la violencia debe tener sanciones claras y que el sistema escolar necesita herramientas concretas para proteger a estudiantes, docentes y asistentes de la educación. Incluso desde sectores que respaldan la idea general, como RN, se abrió espacio para revisar con detalle la redacción, especialmente en materias ligadas a reinserción.
En la oposición, en cambio, se instaló una lectura crítica del enfoque gubernamental. Parlamentarios del PC, PS, DC y Frente Amplio cuestionaron que el Ejecutivo privilegie respuestas punitivas por sobre una mirada integral del fenómeno, advirtiendo que la violencia escolar no puede analizarse aislada de la violencia social, la salud mental y las condiciones estructurales del sistema educativo. También se planteó que castigos como la pérdida de gratuidad podrían terminar debilitando las posibilidades de reinserción de jóvenes que, aun habiendo cometido delitos graves, requieren trayectorias de apoyo y no solo sanción.
El trasfondo del debate no es menor. El propio Ejecutivo ha fundamentado la urgencia de estas medidas en el alza de episodios violentos en establecimientos, incluidas amenazas de tiroteos, ataques a infraestructura y agresiones contra funcionarios. Según los antecedentes presentados por el gobierno, las denuncias por maltrato a miembros adultos de la comunidad educativa crecieron de manera importante entre 2023 y 2025, mientras que una proporción alta de docentes declara que mantener la disciplina genera estrés.
En paralelo, el fenómeno de amenazas difundidas en páginas de “confesiones” en redes sociales ha amplificado la sensación de inseguridad en recintos escolares del país. En las últimas horas se han reportado suspensiones de clases, investigaciones y refuerzo policial en distintos establecimientos, consolidando un clima que da contexto político a la ofensiva legislativa del gobierno.
Más allá de la discusión inmediata, el ingreso de estos proyectos abre una disputa de fondo sobre cómo enfrentar la violencia escolar: si mediante un endurecimiento de reglas, sanciones y control, o a través de estrategias más amplias que incorporen prevención, salud mental, convivencia y reinserción. El Congreso será ahora el espacio donde esa diferencia de enfoques empiece a traducirse en legislación concreta.
Con suma urgencia para su tramitación, los proyectos del Ejecutivo comienzan ahora su recorrido legislativo en medio de un escenario de alta sensibilidad pública por la violencia escolar y de un debate político que combina respaldo a medidas de control con reparos por sus eventuales efectos en derechos, convivencia y reinserción.