El organismo fiscalizador concluyó que el exalcalde de Antofagasta no ejerció un control jerárquico eficaz en la tramitación de procesos disciplinarios iniciados en 2019 y 2021. La investigación también determinó responsabilidad del exdirector jurídico Marcelo Pizarro por retrasos y falta de seguimiento.
ANTOFAGASTA, martes 7 de abril de 2026. La Contraloría Regional de Antofagasta estableció responsabilidad administrativa del exalcalde Jonathan Velásquez y del exdirector de Asesoría Jurídica, Marcelo Pizarro, por irregularidades en la tramitación de sumarios internos del municipio, en un caso que volvió a tensionar el debate político local por las consecuencias administrativas, judiciales y económicas de la pasada gestión.
La resolución fue dada a conocer este martes durante la sesión N°10 del Concejo Municipal de Antofagasta, instancia en la que el secretario municipal informó a los concejales sobre el contenido del pronunciamiento del ente contralor y las eventuales acciones que podrían derivarse de este proceso.
De acuerdo con los antecedentes expuestos, la investigación apuntó a retrasos reiterados en el envío de actos administrativos clave para la toma de razón de dos sumarios iniciados en 2019 y 2021. Según concluyó Contraloría, esas demoras se prolongaron durante años, pese a requerimientos y plazos otorgados por el propio organismo fiscalizador, afectando la tramitación oportuna de los procedimientos disciplinarios.
Uno de los aspectos más graves del caso es que, en uno de los sumarios, la tardanza terminó provocando la prescripción de la acción disciplinaria, lo que derivó en el sobreseimiento de los funcionarios involucrados. En esa línea, Contraloría determinó que Jonathan Velásquez incurrió en responsabilidad administrativa al no ejercer un control jerárquico efectivo que asegurara el avance oportuno de los procesos.
Respecto del exdirector jurídico Marcelo Pizarro, la resolución propone aplicar una multa equivalente al 20% de su remuneración mensual, además de una anotación de demérito en su evaluación funcionaria, al atribuírsele deficiencias en la gestión administrativa y falta de seguimiento en la tramitación de los antecedentes requeridos.
Durante la sesión del concejo, las reacciones no tardaron en aparecer. El concejal Patricio Aguirre advirtió que el caso se suma a otras controversias de la exadministración y planteó el impacto económico que han tenido demandas y tutelas laborales para el municipio. Según señaló, los pagos asociados superarían los 235 millones de pesos, abriendo nuevamente la discusión sobre la responsabilidad política y administrativa en la conducción del aparato municipal.
En la misma línea, la concejala Karina Guzmán sostuvo que existen otros antecedentes que siguen su curso en distintas instancias, entre ellas tribunales y Fiscalía, por lo que estimó que aún podrían existir nuevas derivadas respecto de la gestión del exjefe comunal. Sus declaraciones refuerzan el clima de escrutinio que continúa rodeando a la anterior administración municipal.
Más allá de la sanción administrativa, la resolución de Contraloría vuelve a instalar una señal política de fondo: la demora injustificada, la falta de seguimiento y la desprolijidad en la conducción de procesos disciplinarios no solo afectan la eficacia interna del municipio, sino que además pueden terminar debilitando la capacidad institucional para sancionar eventuales responsabilidades funcionarias. Cuando un sumario prescribe, no solo se cierra un expediente; también se erosiona la confianza en la gestión pública.
Con este nuevo antecedente, el foco ahora se traslada a las decisiones que pueda adoptar el municipio y a las eventuales acciones complementarias que evalúen tanto el concejo como otros organismos con competencia en la materia.
La resolución reabre el debate sobre los costos administrativos, políticos y económicos que dejó la pasada administración en Antofagasta, en momentos en que el municipio sigue revisando antecedentes y eventuales cursos de acción.