El operativo simultáneo se desarrolló en el marco del Plan de Acción Institucional Violencia Carcelaria 2026 y consideró el despliegue de unidades especializadas de Gendarmería en cuatro recintos penales de la Región de Antofagasta. La intervención permitió sacar de circulación armas blancas artesanales, teléfonos celulares, sustancias ilícitas y otros elementos prohibidos.
ANTOFAGASTA, martes 31 de marzo de 2026.
Un total de 511 personas privadas de libertad fueron fiscalizadas en un operativo de registro y allanamiento realizado de manera simultánea en las unidades penales de Antofagasta, Calama, Tocopilla y Taltal. El procedimiento, encabezado por Gendarmería de Chile, permitió incautar 18 armas blancas de confección artesanal, cuatro teléfonos celulares, droga y fermento artesanal, en una acción orientada a reforzar el control interno y prevenir hechos de violencia al interior de los recintos.
La intervención formó parte del Plan de Acción Institucional Violencia Carcelaria 2026, estrategia con la que Gendarmería busca contener riesgos asociados al crimen organizado, el contrabando interno y las agresiones dentro del sistema penitenciario. En la Región de Antofagasta, el despliegue se concentró en los recintos de la capital regional, Calama, Tocopilla y Taltal, comunas donde se ejecutó el procedimiento bajo protocolos de seguridad y resguardo de los derechos fundamentales de la población penal.
Para el operativo se movilizó a 72 funcionarios especializados, pertenecientes a la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP), al Equipo de Canes Adiestrados y al Grupo de Apoyo y Reacción Primaria (GARP). La acción permitió retirar de circulación elementos que suelen estar asociados a conflictos intracarcelarios, riñas, amedrentamientos y redes de coordinación delictual desde el interior de los recintos.
Entre las especies incautadas se contabilizaron 18 armas blancas artesanales, cuatro teléfonos celulares, envoltorios con sustancias ilícitas y distintos recipientes con fermento artesanal, conocido comúnmente como “chicha carcelaria”. Se trata de objetos prohibidos que representan una amenaza directa para la seguridad interna, tanto de los funcionarios como de la propia población penal.
El director regional de Gendarmería, coronel Rodrigo Salinas Robles, explicó que este tipo de procedimientos apunta a mantener el control territorial dentro de las cárceles y a desactivar focos de riesgo antes de que deriven en hechos de mayor gravedad. En esa línea, sostuvo que el retiro de elementos prohibidos es parte de una labor permanente para enfrentar estructuras delictuales que buscan operar desde el encierro y alterar el orden en los recintos.
Desde la institución también subrayaron la importancia que ha adquirido el fortalecimiento del Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería, unidad que ha permitido detectar puntos de acopio, rutas de ingreso de contrabando y dinámicas internas de facciones vinculadas al crimen organizado. Ese trabajo de inteligencia previa ha sido clave para focalizar allanamientos y elevar la eficacia de este tipo de intervenciones.
El operativo vuelve a poner sobre la mesa la presión que enfrenta el sistema penitenciario del norte del país, donde Gendarmería intenta contener no solo la circulación de elementos prohibidos, sino también el avance de bandas que buscan mantener influencia desde el interior de las cárceles. En ese contexto, procedimientos como el realizado en Antofagasta, Calama, Tocopilla y Taltal buscan anticiparse a escenarios de violencia y reforzar el control institucional en recintos considerados estratégicos dentro de la región.