Tras más de una década de tramitación, el Congreso aprobó la reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas, una normativa que introduce cambios estructurales al fútbol chileno, como el fin de la multipropiedad, mayor fiscalización y la separación entre la ANFP y la federación.

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QUILÍN, SANTIAGO DE CHILE, jueves 26 de marzo de 2026. Tras más de una década de tramitación, el Congreso aprobó la reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas, una normativa que introduce cambios estructurales al fútbol chileno, como el fin de la multipropiedad, mayor fiscalización y la separación entre la ANFP y la federación.

La discusión final se extendió por más de dos horas y media en el Congreso, con intervenciones de parlamentarios de distintos sectores, además de la ministra del Deporte, Natalia Duco, quien encabezó la defensa del proyecto en su última etapa.

El resultado fue categórico: 148 votos a favor y solo uno en contra, reflejando un respaldo transversal a una iniciativa que buscaba modernizar el sistema deportivo nacional.

Durante el debate, la secretaria de Estado enfatizó que la reforma apunta a resolver problemas estructurales del fútbol chileno, incluyendo conflictos de interés, debilidades en la fiscalización y falta de transparencia en la propiedad de los clubes.

Fin a la multipropiedad y mayor control

Uno de los cambios más relevantes que introduce la nueva legislación es la prohibición de la multipropiedad de clubes, impidiendo que una misma persona o grupo tenga participación directa o indirecta en más de una institución.

Además, se establece la obligación de transparentar a los beneficiarios finales de las sociedades deportivas, buscando evitar estructuras opacas o el uso de intermediarios para ocultar propiedad real.

En paralelo, se refuerzan los mecanismos de fiscalización, incorporando a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) como organismo supervisor de las ligas profesionales, mientras que las federaciones seguirán bajo el control del Instituto Nacional de Deportes (IND).

Separación de la ANFP y la federación

Otro punto clave de la reforma es la obligación de separar la actual estructura del fútbol chileno, estableciendo una clara división entre la ANFP y la futura Federación Deportiva Nacional.

Este cambio implica que las selecciones nacionales pasarán a ser administradas directamente por la federación, dejando atrás el modelo actual en el que la ANFP concentra funciones deportivas, administrativas y comerciales.

El proceso deberá concretarse en un plazo máximo de 18 meses, lo que ha generado inquietud en algunos actores del fútbol, quienes consideran acotado el tiempo para implementar una transformación de esta magnitud.

Debate, tensiones y reparos desde el fútbol

Pese al amplio respaldo político, la reforma no estuvo exenta de críticas desde el mundo del fútbol.

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, valoró el proyecto, pero advirtió sobre algunos aspectos que podrían generar dificultades en su aplicación, particularmente en lo relativo a la eventual intervención de comisiones técnicas en decisiones deportivas.

“Estamos de acuerdo en el 92% del proyecto”, señaló, aunque enfatizó la necesidad de precisar ciertos puntos para evitar interferencias en la autonomía de los clubes y entrenadores.

También surgieron cuestionamientos desde el ámbito jurídico, donde se advirtió sobre posibles conflictos con normas internacionales, especialmente en relación con la autonomía que exige la FIFA para las federaciones nacionales.

Nuevas reglas para un sistema en crisis

La reforma introduce además una serie de inhabilidades para dirigentes, prohibiendo que determinadas personas —como representantes de jugadores o funcionarios de organismos públicos vinculados— participen en la administración de clubes.

Asimismo, establece un régimen de sanciones que incluye multas que pueden alcanzar hasta 800 UTM, dependiendo de la gravedad de las infracciones.

Otro aspecto relevante es el fortalecimiento del rol de los hinchas, quienes deberán ser consultados en decisiones relacionadas con la identidad y el patrimonio de los clubes, aunque sin derecho a voto en los directorios.

Plazos y desafíos de implementación

Con la aprobación del proyecto, el siguiente paso será su promulgación y publicación en el Diario Oficial.

A partir de ese momento, se abrirá un plazo de 180 días para la elaboración del reglamento que definirá los detalles de la aplicación de la ley, mientras que las organizaciones deportivas tendrán hasta 18 meses para adecuar sus estructuras.

La aprobación de esta reforma marca un punto de inflexión para el fútbol chileno. No se trata solo de un ajuste normativo, sino de un rediseño profundo del modelo de gobernanza que ha regido durante las últimas dos décadas.

Sin embargo, el verdadero impacto de la ley no estará en su aprobación, sino en su implementación. Porque si algo ha demostrado la historia reciente del fútbol nacional es que las reglas pueden existir, pero su eficacia dependerá de la capacidad real de fiscalización, del compromiso de los actores y, sobre todo, de la voluntad de romper con prácticas arraigadas.

El desafío, entonces, no es solo normativo: es cultural.